El pasado domingo el periódico chileno El Mercurio publicó en su sección de 'Cartas al Director' una misiva firmada por un grupo de arquitectos locales jóvenes, quienes plantean que los concursos públicos en su país no estarían considerando en su presupuesto siquiera los costos relacionados a los honorarios de nuestra profesión.
Firmado por Loreto Lyon, Alejandro Beals, Cristóbal Fernández, Andrés Mas, Diego Aguiló, Rodrigo Pedraza, Cristóbal Tirado, Rodrigo Duque Motta, Alberto Moletto, Paula Velasco y Matías Zegers, la carta postula que en la reciente convocatoria de diseño del Museo Regional de la Memoria y Derechos Humanos en la región del Bíobío (Chile), "los honorarios definidos para su desarrollo no alcanzan a cubrir siquiera los costos de los proyectos exigidos".
Este reclamo deja sobre la mesa una serie de preguntas que parecen haber sido escuchadas antes, pero jamás han sido zanjadas: ¿qué tan apreciado es el ejercicio de nuestra profesión más allá de nuestro propio campo?, ¿cómo medimos económicamente nuestro valor (y honorarios)?
La discusión es más profunda cuando se trata del Estado -y no el mercado- que convoca a los arquitectos para el diseño y planificación no solo de hitos culturales, sino también de las ciudades del futuro. Entonces, ¿qué rol nos cree asignar a los arquitectos?
Lo grave aquí es que, desde hace un cierto tiempo, circula la idea en el concierto internacional de que los arquitectos chilenos estamos preocupados por el desarrollo -arquitectónico y urbano- de las ciudades, tras un completo abandono en los años 80 y 90 gracias a la neoliberalización urbana estimulada por la dictadura de Augusto Pinochet. Este relato plantea que desde el retorno a la democracia, y con mayor fuerza en los últimos 10 años, una serie de recientes proyectos emblemáticos principalmente encargados por el Estado han vuelto el foco a la ciudad. A nuestras ciudades. No a los paisajes.
Reforzando esa idea, todos los firmantes de la carta comparten experiencias en concursos públicos. Veamos: en 2012, Alberto Moletto y Paula Velasco formaron parte del equipo ganador del primer lugar en la recuperación del Palacio Pereira en la capital chilena. Un año más tarde, Diego Aguiló y Rodrigo Pedraza obtuvieron el primer lugar en el llamado a diseñar el edificio anexo del Museo Histórico Nacional de Chile. Ese mismo año, Loreno Lyon y Alejandro Beals junto a Matias Zegers se adjudicaron la rehabilitación de la Biblioteca del ex Congreso Nacional.
Siguiendo cronológicamente, a fines de 2014 Cristóbal Tirado (BBATS+TIRADO) ganó el concurso para el diseño del Parque Museo Humano San Borja en Santiago. En noviembre de 2015, Matías Zegers obtuvo el primer lugar en el concurso del edificio consistorial de la ciudad costera de Papudo. Para finalizar, este año Andrés Mas junto a Cristóbal Fernández inauguraron en la IX Región el edificio de la Gobernación de Malleco, a través de un concurso público publicado en 2011. Mientras Rodrigo Duque, junto a MAPA.a, fue uno de los ganadores en la reciente convocatoria para la reposición de ocho escuelas al sur de Chile.
Entonces, sí es real la preocupación que expresan los firmantes respecto a que "proyectos estatales emblemáticos y con buen presupuesto para su construcción no cuenten con los fondos mínimos para que se desarrollen apropiadamente". No es historia nueva aquí y en el mundo hacer reflexiones sobre la posición del Estado y sus funcionarios al momento de convocar a nuestra disciplina.
Sin embargo, en la sociedad chilena sus arquitectos han sido premiados recientemente a nivel internacional por sus recientes aportes a sus ciudades. Por eso, no nos podremos vanagloriar eternamente por una buena racha. Nuestra disciplina, al igual que el resto de las profesionales involucradas, debe ser reconocida al momento de ser convocada para pensar en proyectos públicos, es decir, proyectos de todos. Proyectos de bien común.
Actualización: en la presente edición del artículo se incluye la carta en su completa extensión, previa autorización de sus autores.
Señor Director:
Somos un grupo de arquitectos jóvenes interesados en mejorar la calidad de las obras públicas de nuestro país. En los últimos años hemos participado recurrentemente en concursos de arquitectura convocados para este fin, logrando materializar varios de ellos. Queremos expresar nuestra preocupación por los criterios que se están ocupando en la actualidad en el llamado a estos concursos, los que consideramos deficientes y que seguramente tendrán un impacto negativo en el futuro de nuestras ciudades.
En particular, y a modo de ejemplo, queremos llamar la atención sobre las condiciones planteadas en el llamado "Concurso de Anteproyectos, Construcción Museo Regional de la Memoria y DD.HH., Región del Bíobío", el que fue entregado esta semana. Si bien se trata de un concurso muy interesante por su significancia cultural y por su emplazamiento urbano en la ciudad de Concepción, los términos de referencia entregados no permiten su ejecución con un estándar mínimo de calidad acorde al encargo, puesto que los honorarios definidos para su desarrollo no alcanzan a cubrir siquiera los costos de los proyectos exigidos, entre los que se incluyen mecánica de suelos, topografía, ingeniería estructural, paisajismo, proyectos de instalaciones y varios otros que el arquitecto a cargo debe incorporar y coordinar en su propuesta. La suma de costos de estos proyectos supera por sí sola el presupuesto de la consultoría, dejando al proyecto de arquitectura sin honorarios disponibles, siendo que es este el centro de la convocatoria y la especialidad que más tiempo, dedicación y recursos consume.
Adicionalmente, y a pesar de que es el arquitecto a cargo quien tiene que subcontratar todas las especialidades, se exige firmar contrato como personas naturales emitiendo boletas de honorarios, haciendo muy dificultosa y gravosa la gestión del proyecto.
Finalmente, no podemos dejar de insistir que nos preocupa especialmente que proyectos estatales emblemáticos y con buen presupuesto para su construcción no cuenten con los fondos mínimos para que se desarrollen apropiadamente. Este tipo de prácticas se pueden convertir en un abuso sistemático de nuestra profesión, yendo finalmente en directo perjuicio de la calidad de los proyectos que se pretende construyan los futuros espacios públicos de nuestras ciudades.
