En el contexto de la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, el arquitecto chileno Miguel Lawner —ex director de la histórica Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) a comienzos de los años setenta— formó parte de la mesa de diálogo El Habitar Común.
Lo que leerán a continuación es la transcripción del discurso leído por Lawner en su presentación inicial, compartiendo escena con Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia 2006; Doris González, dirigenta de UKAMAU; y Ernesto López, académico de la Universidad de Chile, entre otros.
Lawner pone el foco en los denominados "guetos verticales", un fenómeno inédito en la historia del urbanismo chileno definido por la intensa densificación residencial aparentemente sin restricciones normativas y con departamentos de reducida superficie vendidos a familias de clase media en Estación Central, comuna pericentral de Santiago de Chile. El arquitecto chileno enlaza el fenómeno a la historia del hacinamiento de la clase baja en Chile durante el siglo XX y advierte que "la precariedad habitacional ahora se extiende a la clase media".
Discurso: Al final del siglo XIX y comienzos del XX, los pobres en la ciudad residían en los llamados "cuarto redondos". Más tarde, en conventillos hasta que a mediados del siglo pasado sus asentamientos tomaron el nombre de "poblaciones callampas", surgidas de la noche a la mañana a raíz de las intensas migraciones del campo a la ciudad. Finalmente, desde el año setenta al año de hoy se conocen como campamentos.
También la acción pública contribuyó a alimentar este hábitat precario del mundo popular mediante la llamada "Operación sitios", consistente en la entrega de sitios con urbanización básica y una caseta sanitaria, pero súbitamente en los últimos cinco a diez años se ha producido un fenómeno nuevo: la precariedad habitacional ahora se extiende a la clase media. Es lo que ocurre hoy en Estación Central, comuna donde las grandes promotores inmobiliarios encontraron un nicho de acción, desprovisto en apariencias de normas regulatorias, lo cual les ha permitido intensificar el uso del suelo urbano a niveles inimaginables.
Estación Central es en estos momentos un territorio donde no rige altura máxima de construcción, ni coeficiente de constructibilidad ni densidad habitacional ni rasante ni distanciamiento a las medianeras. Nada, nada que ponga freno al interés lucrativo de sus promotores.
Bajo el pretexto de carecer un plan regulador —argumento que Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos La Ciudad, ha dejado claramente establecido que no es efectivo— se ha levantado un producto habitacional indigno. En la actualidad existen 75 permisos de edificación aprobados o en trámite otorgados en los últimos 4 años y 31 anteproyectos aprobados en trámite durante los últimos 2 años. Si llegaran a ejecutarse en su totalidad la comuna de Estación Central incrementaría su parte habitacional en 57.800 departamentos, más que duplicando la población actual que existe ahí.
Es un disparate técnico y social que desborda toda la infraestructura existente en la zona. Estamos hablando de torres de 30 a 40 pisos, bordeando los 100 metros de alto, sin consideración alguna a su entorno existente, donde predominan viviendas de uno o dos pisos. Se trata de edificios sin antejardín, de edificación continua, que caen directo a veredas de un metro y situados en calles de 15 metros de ancho.
Mencionemos el caso del conjunto Mirador Souper de 30 pisos de altura, con un total de 1.036 departamentos y la insólita cifra que constituye un récord Guinness de 37 departamentos por piso. Un ascensor alimenta a 259 departamentos.
Los que viven en departamento y están aquí presentes yo les digo que rápidamente hagan un razonamiento y calculen cuántos departamentos por piso tienen en donde viven, cuántos pisos tiene el edificio y cuántos ascensor disponen. Van a llegar rápidamente a una conclusión.
La superficie habitacional promedio es de 30 metros cuadrados por unidad con un importante número de 18 a 20 metros cuadrados. El cuadro de vida es intolerable, un gigante hacinamiento humano donde comparten ruidos, vistas, malos olores, discusiones entre parejas, falta de soleamiento y de intimidad. En resumen, un producto altamente precario orientado a satisfacer las demandas de los sectores medios, fenómenos inédito en la historia urbana de Chile que con justa razón fue bautizada por el intendente de Santiago, Claudio Orrego, como guetos verticales.
Desde que se destapó la polémica respecto a estas construcciones, los vecinos de la comuna se han agrupado denunciando la irregularidad jurídica que permitió aprobarlos y así dieron vida a la agrupación "Defensa de los barrios de Estación Central" y presentaron un requerimiento al Ministerio de Vivienda respecto a la situación de estos permisos de edificación. El Seremi (Secretaría Regional Ministerial) de Vivienda y Urbanismo respondió a través del oficio 3.660 que declara la ilegalidad de 31 permisos de edificación en Estación Central, y es más, el pasado 27 de septiembre la propia Ministra de Vivienda respondió a la Cámara Chilena de la Construcción mediante el ordinario 532 expresando que lo actuado por el Seremi se ajusta a derecho, es decir, en estos momentos todas esas torres son ilegales. Ignoramos si se ha instruido un sumario administrativo a un director de la municipalidad que ha generado un conflicto de tal gravedad, pero la solución de este fraude es imprevisible. Los intereses envueltos son cuantiosos y ni hablar de indemnizaciones si por algún motivo se planteara la posibilidad de demoler los edificios.
Estación Central no es el único ejemplo, pues la acción de las grandes inmobiliarias se extendió a otros lugares: días atrás la Corte Suprema ratificó un dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago dejando sin efecto el permiso de edificación del edificio Botero ubicado en la comuna de Ñuñoa por haber construido 5 pisos de altura en circunstancias que el plano regulaba establecer 4 pisos como altura máxima. Es una obra terminada y habitada con 38 departamentos de alto valor. Además una concejala de Ñuñoa afirma que existen otros 27 edificio ubicados en distintos sectores de la comuna con permisos de edificación igualmente viciados.
Mientras tanto, en Providencia el Director de Obras Municipales se ha negado a rectificar el permiso de edificación otorgado a un centro gastronómico ubicado en calle Constitución, a pesar de las observaciones formuladas por el Seremi de vivienda y la Contraloría. La obra sigue en marcha sin problemas. ¡Qué decir en Puerto Varas donde fue necesario suspender por un año todos los permisos de edificación! La situación es análoga a la ocurrida en Valparaíso, donde el alcalde se ha visto obligado a congelar los permisos de los cerros porteños para obras mayores a 4 pisos de altura.
La ciudadanía parece indefensa ante esta ofensiva de las grandes empresas inmobiliarias y no se advierte una reacción del gobierno por recuperar su capacidad de conducir el desarrollo urbano. ¡Es hora de hacerlo! No solo eso, sino es urgente hacerlo
En el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) del que forma parte entregamos a la presidenta Michelle Bachelet en abril de 2015 un informe conteniendo un conjunto de medidas que habrían permitido un desarrollo en beneficio del bien común y no del lucro. Propusimos un banco de suelos urbanos, mediante un catastro de las propiedades de Bienes Nacionales, Fuerzas Armadas, Ferrocarriles del Estado, empresas portuarias, ENADI, CODELCO, los SERVIU y otras, a fin de ponerlas a disposición de los programas de interés público. Propusimos un cambio fundamental en la institucionalidad vigente mediante la creación de servicios de desarrollo urbanos regionales, teniendo el modelo CORMU del pasado, dependiente de los gobiernos regionales a fin de recuperar la capacidad del desarrollo urbano y territorial.
Propusimos la necesidad de establecer planes de remodelación y regeneración urbana, con el objeto de recuperar zonas en estado de obsolescencia o deterioro, generalmente localizadas en comunas pericentrales, contribuyendo además a detener la expansión urbana hacia la periferia. Ninguna de estas propuestas ha sido acogida. En fin, percibo que quienes pensamos así nos sentimos como Quijotes en lucha contra los molinos de viento. Escasamente hacen referencia a este inmenso desafío los programas electorales de quienes postulan en la próxima elección presidencial. Quizás esta bienal —la máxima instancia de participación de nosotros los arquitectos— pudiera acordar un llamado convincente para enmendar rumbos. Es una tarea impostergable
