La ciudad de Barcelona continua firme en su lucha contra los procesos especulativos y gentrificación que, actualmente están aumentando la desigualdad de oportunidades que la población se encuentra para acceder a una vivienda digna y económicamente asumible.
En este sentido, la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad de la ciudad Condal ha aprobado inicialmente dos nuevos instrumentos urbanísticos para hacer frente al problema del acceso a la vivienda digna y proteger el equilibrio social de los barrios, dando respuesta a las reivindicaciones promovidas por entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Observatorio DESC, Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS) y Sindicato de Inquilinos.
Unas 334 viviendas públicas nuevas al año en las promociones privadas
La primera de estas herramientas para actuar sobre el mercado inmobiliario es una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que establece que las promociones residenciales de más de 600 metros cuadrados (m2) de techo construido tengan que destinar un 30% de superficie a viviendas de protección oficial.
Esto afecta tanto a las promociones de nueva construcción como las de reforma. Las viviendas protegidas serán de régimen general y estarán sometidos al derecho de tanteo y retracto por parte del Ayuntamiento de Barcelona.
De esta manera, se calcula que conseguirá hacer crecer el parque de vivienda asequible en unos 334 pisos nuevos cada año, que es el 30% de las 1.114 viviendas nuevas que se han construido cada año entre 2008 y 2016 en suelo urbano consolidado de la ciudad.
Introduciendo estos mínimos se garantizará la correcta distribución territorial del parque de viviendas protegidas y se evitará que se concentren en determinados barrios periféricos donde ya hay vivienda protegida. De este modo, más del 50% de las nuevas viviendas asequibles ubicarán en barrios céntricos, que son donde hace más falta la vivienda protegida y donde se está sufriendo más la gentrificación y la expulsión de vecindario.
Se trata de una propuesta ya prevista en la Ley de urbanismo y la Ley del derecho a la vivienda catalanas que el consistorio desarrollará de forma innovadora para implicar a los promotores privados en el retorno social de la construcción de vivienda.
Derecho de compra preferente en determinadas fincas de toda la ciudad
La segunda de las medidas aprobadas por el ayuntamiento de Barcelona es otra MPGM la cual declara todo el municipio de Barcelona como área con derecho de tanteo y retracto. El objetivo es que el Ayuntamiento disponga del derecho de compra preferente en la compraventa de determinados inmuebles o solares que se estén vendiendo, y que los pueda adquirir por el importe registrado en la transacción.
Este nuevo instrumento servirá para detener operaciones claramente especulativas que provoquen la expulsión de vecindario y operaciones en el mercado negro. Además, se tendrá un mejor conocimiento en tiempo real de las transacciones que tienen lugar en la ciudad. Esta medida se aplicará durante seis años prorrogables a otros seis, e incluirá edificios plurifamiliares, propiedades verticales, terrenos sin edificar, edificaciones en mal estado, viviendas sometidas al impuesto de viviendas vacías y viviendas protegidas.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha agradecido el trabajo realizado por las organizaciones promotoras de las iniciativas para que hoy Barcelona pueda dar "un paso determinante para revertir el proceso de especulación con la vivienda que hace años que las entidades batallan caso a caso". "Celebramos que tenemos una mayoría suficiente para sacar adelante una medida imprescindible para cambiar el paradigma", ha reafirmado, y ha subrayado que los cambios servirán para implicar a los promotores y las inmobiliarias en la garantía del derecho a la vivienda digna, ya que "durante años han hecho ejercicios obscenos y no han tomado ninguna responsabilidad por el daño que han hecho a mucha gente".
