Hacia una nueva normalidad con menos desigualdad urbana es una petición dirigida a los distintos niveles del Gobierno del estado peruano –la Presidencia del Consejo de Ministros, las Municipalidades Provinciales, los Ministerios, las Municipalidades Distritales y los Gobiernos regionales- que busca poner la atención y denunciar la situación actual que están atravesando las distintas ciudades del territorio. A través del documento, los firmantes manifiestan su preocupación y solicitan que se tomen acciones prioritarias y estructurales para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de Perú.
En la petición, se expresa que es necesario ejecutar medidas concretas e inmediatas para lograr solucionar la actual situación de emergencia -derivada de la pandemia- y para iniciar, a la vez, los cambios profundos que el país históricamente ha reclamado. De esta manera, se busca consolidar un sistema que aproveche las potencialidades y riquezas de cada región en lo económico, productivo, social, cultural y ambiental para fortalecer, con un enfoque territorial, el proceso de integración y descentralización que el país requiere, ayudando a contrarrestar los impactos socio-económicos de la crisis.
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Manifiesto por la reorganización de la ciudad tras el COVID-19
La pandemia está evidenciando la enorme desigualdad en el Perú y las precarias condiciones en las que vive la mayor parte de peruanos: sin acceso de calidad al agua y desagüe; en viviendas hacinadas y precarias, carentes de espacios públicos adecuados y con áreas verdes insuficientes; sin seguridad laboral; con bajo nivel educativo; con un sistema de salud muy debilitado; y enormes limitaciones en transporte y accesibilidad. Esto demuestra que estamos lejos de ser una nación con iguales condiciones y oportunidades para todos.
Los firmantes demandan, a través del documento, la realización de cambios profundos en la organización de las urbes para construir un “sistema nacional de centros urbanos” efectivo, que sea motor de una economía diversificada y descentralizada y permita generar una transición desde el estado de emergencia hacia una nueva normalidad con menos desigualdad en las ciudades de Perú. Para lograr esto, se propone la realización de las siguientes medidas de manera urgente:
1. Aprobar una Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y una Ley de Suelo, incorporando herramientas de gestión para reducir la desigualdad y afrontar el cambio climático en nuestras ciudades desde un enfoque intercultural, a partir de un debate abierto con la academia y las organizaciones sociales.
2. Asegurar que la sociedad civil tenga participación directa y activa en la elaboración y revisión de los planes urbanos distritales, provinciales y metropolitanos en todas las regiones del país.
3. Conformar “Unidades Territoriales de Gestión” (UTG), nuevas demarcaciones geográficas articuladas con las demarcaciones político-administrativas para la planificación-gestión estratégica y la mitigación del riesgo, enfrentando la fragmentación territorial y de las inversiones públicas. Conformar alianzas de gestión entre la ciudadanía y gobiernos locales para impulsar un programa de re-empoderamiento, articulación e institucionalización de las organizaciones de base, en armonía con el área rural y los ecosistemas naturales, con el respaldo de comisiones técnicas de apoyo (“Servicio Rural y Urbano Marginal”) y en alianza con los colegios profesionales y universidades.
4. Proponer una política urbana que enmarque, a su vez, la política de vivienda, reduciendo el énfasis en el sistema de bonos que no ha resuelto el problema. Reforzar la inversión en vivienda social más allá de los intereses privados, planteando: (1) nuevos proyectos urbanos, sostenibles e inclusivos en áreas de expansión estratégicas y adecuadas, apoyados en programas de acceso a suelo servido, (2) un programa de densificación urbana para utilizar los aires de las viviendas previamente saneadas, modificando el Reglamento del Bono Techo Propio - Construcción en Sitio Propio, a fin de reducir rápidamente el déficit de vivienda, disminuir la tugurización, y reactivar el sector de la micro y pequeña construcción, lo que generará empleo, y (3) la renovación en los distritos históricos y la construcción de vivienda asequible en los centros, de las principales ciudades del Perú.
5. Reiniciar la ejecución de proyectos de agua y saneamiento asequibles en zonas urbanas con saneamiento legal, priorizando las obras de expansión de cobertura, rehabilitación y mejoramiento de redes de infraestructura en todo el Perú, atendiendo las áreas desabastecidas y habilitando zonas de expansión con vivienda social.
6. Reestructurar el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) del MVCS para que -en coordinación con las municipalidades y las organizaciones vecinales, y dotado de los recursos financieros suficientes- promueva y financie Proyectos Urbanos Integrales (PUI) en las nuevas UTG propuestas en el marco de los Planes de Desarrollo existentes y de la priorización de proyectos de vivienda social y densificación urbana. Cada PUI debe implementar urgentemente un “Núcleo de Servicios Barriales” multiusos (comedor popular, biblioteca, local comunal, lugar de trabajo a distancia, guardería infantil, soporte básico de salud, huertas comunitarias, etc) administrado por la comunidad y sus representantes.
7. Implementar un Sistema de Espacios Públicos que priorice a las poblaciones vulnerables en el marco del enfoque de género vinculando estrategias multisectoriales de gestión territorial (“Primero la Infancia”, “Barrio Seguro”, etc). Promulgar la Ley de Protección de Espacios Públicos Nº 1312, ya aprobada por la Comisión de Descentralización del Congreso en mayo del 2018.
8. Durante la emergencia y fases de reapertura, promover un Programa de Mercados y Servicios Itinerantes que reorganicen espacial y administrativamente los mercados de abasto y servicios de salud. Implementar espacios públicos y equipamientos urbanos de escala barrial existentes (calles, escuelas, campos deportivos) para atender las necesidades de la población.
9. Impulsar una Reforma Integral de Transporte Urbano Nacional, con estrategias de movilidad, sostenible, multimodal e inclusiva (vías peatonales, aceras amplias, ciclovías y electro movilidad) priorizando el transporte público masivo con cobertura, frecuencia y accesibilidad a los últimos 700 metros de su destino. Subsidiar la formalización del sistema, disminuyendo la informalidad y eliminando la superposición de rutas (caso Lima y provincias). Rechazar toda ley que no se enmarque en una política integral (ej. Ley de formalización de los colectivos).
10. Declarar la intangibilidad de los valles urbanos, ecosistemas de lomas y humedales, y crear un fondo para la promoción de la agricultura urbana y periurbana que genere empleo local. Promover proyectos que fortalezcan y protejan la infraestructura ecológica de las ciudades y potenciar la campaña “10 millones de árboles urbanos al 2021” (Minagri, Serfor, etc.) bajo el enfoque de ciudades verdes.
11. Endurecer las sanciones penales contra alcaldes y funcionarios que permitan o promuevan derechos sobre suelo fuera del marco normativo (visados en zonas de riesgo o protección, etc.). Empoderar a las organizaciones comunitarias en aspectos urbano-normativos de manera que desempeñen un rol vigilante y fiscalizador.
Esta crisis nos obliga a un replanteamiento estructural de las actitudes y políticas con las que se han venido gobernando las ciudades. Se debe pasar a un sistema de ciudades seguras y justas, con sistemas urbanos integrados de manera eficiente y co-producidos democráticamente con las comunidades. Todo este esfuerzo debe dirigirse a construir ciudades donde todos sus ciudadanos tengan las mismas oportunidades de alcanzar sus sueños y su bienestar integral. Se trata de un nuevo pacto social entre la sociedad y sus autoridades.
Puedes acceder a la versión completa y firmar la petición a través del siguiente enlace.
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