Derecho a la ciudad y conflictos urbanos en América Latina, ¿qué debemos hacer?

Escrito por Fabian Dejtiar
Publicado el 29 de Agosto, 2020

María Cristina Cravino, a la cabeza de numerosos proyectos de investigación y publicaciones sobre asentamientos informales y políticas públicas del hábitat, supo desde la antropología convertirse en una referente a la hora de pensar sobre derecho a la ciudad y conflictos urbanos.

Es por este motivo, que realizamos una entrevista que revela tanto sus entendimientos y la urgencia del asunto -especialmente en la situación de confinamiento- como sus reflexiones sobre qué hacer desde el ámbito académico e investigativo.

Fabian Dejtiar (FD): Como investigadora argentina de temáticas sobre derecho a la ciudad y conflictos urbanos, me gustaría primero que nos cuentes, ¿qué entiendes por 'derecho a la ciudad' y 'conflictos urbanos'?

Maria Cristina Cravino (MCC): De modo sintético señalaremos tres sentidos del “derecho a la ciudad”. El primero fue un concepto acuñado por Henri Lefebvre a fines de la década del 1960, en el contexto de una gran revolución cultural en Europa y apuntaba al derecho de los habitantes a decidir sobre la vida en sus ciudades, en particular en las centralidades. Significaba poner en el centro a los ciudadanos y se enmarcaba en una concepción filosofía en diálogo con la sociología urbana, pero también fue apropiado por activistas de movimientos sociales urbanos.

Un segundo sentido, es el de horizonte político de las luchas y demandas urbanas, muy presente en América Latina y tiene, entonces un profundo sentido político, mostrando la integralidad de los derechos urbanos y su conectividad. No se pueden cumplir unos sin los otros. También implicó una fuerte crítica a las miradas “viviendistas”, que se centraban en que lo importante era satisfacer las necesidades de viviendas, cuando tan importante como ellas eran el goce de las externalidades urbanas (acceso a los servicios, a la educación, salud, cultura, trabajo, etc.). Esto impulsó a que las ciudades las adoptaran como principio y ahí le lograron diferentes hitos en la región latinoamericana.

Un tercer sentido, y viendo las dificultades que tuvieron esas luchas, se da dentro del campo de los derechos humanos, en particular los derechos sociales, económicos y culturales buscando convertirlos en derechos exigibles y no solamente como declarativos. Como plantearemos en algunas publicaciones...

... la ciudad es conflicto, así como la sociedad es conflicto, pero qué conflictos se conforman y expresan en cada ciudad habla de cómo es cada una.

Sin duda, los que llegan a la agenda pública, derivan en transformaciones en la gestión urbana. Los conflictos urbanos permiten iluminar aspectos de la vida urbana que se encuentran naturalizados y que son incorporados a un habitus o experiencia metropolitana. Al mismo tiempo, son fértiles para observar las posiciones de los distintos actores de la ciudad en relación con los usos de los espacios públicos y privados, así como con los límites y los espacios intersticiales entre ambos. También permiten analizar las concepciones y percepciones sociales de la ciudad de sus habitantes y sus estrategias para sostener, reforzar o modificar las jerarquías urbanas. A su vez, cuando entran en la agenda pública y, por lo tanto, son objeto de debate, se explicitan las ideas de ciudad promovidas por los vecinos, los gobiernos, los expertos y la opinión pública. Obviamente, esto se vincula a qué cuestión está en disputa y muestra entonces que tópicos pueden ser discutidos y cuáles no. Hay una productividad social del conflicto que modela, reproduce o transforma procesos sociales más profundos. Como todo campo de investigación social, cada conflicto nos obliga a indagar sobre las escalas en que necesita ser comprendido y las temporalidades involucradas en los procesos.

Definimos a los conflictos urbanos como disputas por el uso del espacio urbano, tanto público como privado, cuando este último tiene implicancias para más de dos propietarios o entre un propietario y efectos públicos. Por lo general, se presta más atención a los conflictos sobre el espacio público ya que estos presentan múltiples usos que se encuentran en tensión. No obstante, son cada vez más relevantes los conflictos sobre espacios privados cuando tienen impactos ambientales.

FD: En este sentido, ¿qué crees que se está haciendo mal en las ciudades latinoamericanas? ¿cuál es el primer cambio o innovación que deberían hacer?

MMC: Es una pregunta difícil porque el gran problema en América Latina es la desigualdad y eso se refleja en las ciudades, aunque la dinámica urbana tiene sus propios mecanismos de reproducción de la desigualdad. La segunda cuestión que dificulta la respuesta es que hay heterogeneidad en las situaciones de las ciudades latinoamericanas (de tamaño, de perfiles económicos, sociales, étnicas, culturales, etc.).

Creo que las principales cuestiones estructurales a encarar son:

a) Democratización de la gestión urbana. Es decir, que los habitantes intervengan en las decisiones. Aquí hay tres problemas: las asimetrías de poder entre los actores, la falta de espacios públicos para debatir las ciudades y la falta de información sobre lo que sucede en ellas.
b) Acceso igualitario al suelo, vivienda, servicios y oportunidades urbanas. En particular la regulación del suelo urbano y un freno a los mercados especulativos de suelo, vivienda y materiales de construcción, así como los problemas de los monopolios de los servicios públicos.

Esto implica una construcción de políticas que sean lo opuesto a las neoliberales. Ahí cabe una fuerte crítica al urbanismo y gobiernos locales progresistas que cuando les tocó gobernar replicaron ideas provenientes de las agencias neoliberales y siguiendo modas urbanas sin mucha creatividad. Para esto se requiere de profesionales comprometidos pero atentos a las necesidades de las mayorías.

FD: Sobre la ciudad informal, ¿Qué elementos urbanos consideras indicadores de un desigual acceso a la ciudad? ¿Qué espacios o arquitectura consideras que permiten reclamar por una mayor igualdad?

MCC: Los asentamientos populares son la mayor expresión de la falta de acceso al suelo urbano y la vivienda digna. Lo que debe debatirse aún con mayor profundidad es qué entendemos por integración urbana. Para algunos es sólo pintar las fachadas de colores y ciertos hitos arquitectónicos, pero las necesidades más profundas tienen que ver con viviendas de calidad, acceso a los servicios y transporte, así como espacios públicos de calidad.

Un punto relevante, que casi nunca se tiene en cuenta es que estos barrios tienen derecho a servicios de seguridad de la misma calidad que el resto de la ciudad. Esto implica romper con el doble estar de las fuerzas de seguridad y que éstas no las consideren “espacios de excepción” donde las reglas son otras y la violencia institucional a la población que habita moneda corriente. Resta también contrarrestar los estigmas que sufren estos espacios, en particular por parte de los medios de comunicación, pero también en muchos de los gobernantes de las ciudades.

Otra cuestión es que las políticas urbanas para asentamientos populares son ex post, es decir el Estado interviene una vez que se produjo el espacio urbano de forma autogestiva y con los recursos que las organizaciones tuvieron disponibles. Es preciso garantizar el acceso al suelo urbano y a la vivienda con buena localización para evitar el costo que implica construir un barrio desde cero.

Las organizaciones barriales además de mejorar estos espacios de forma autogestiva también son interlocutores con los gobiernos en sus diferentes niveles. El respeto a las formas de representación territorial debe ser un punto de partida para las intervenciones estatales.

Otro punto central es la lucha contra los desalojos, que actualmente tienen mucha incidencia en la región. Observamos una cierta regresión en este aspecto. Mientras emergieron muchos programas de mejoramiento barriales (la mayoría de ellos financiados por agencias multilaterales de crédito) en paralelo arrecian los desalojos violentos de forma cotidiana. Debemos reflexionar cómo en contextos democráticos se tolera la existencia de estas prácticas de violencia estatal. Esto debe ser denunciado y la lucha por permanecer en el lugar es una de las situaciones más dramáticas que viven los pobladores.

FD: Habiendo escrito diversos textos sobre la desigualdad urbana en las ciudades, me imagino que la situación de confinamiento por la pandemia de COVID-19 te ha dado mucho para pensar, ¿Podrías contarnos tu opinión sobre esto?

MCC: Es una frase clásica comenzar afirmando que América Latina es la región más urbanizada y más desigual del planeta, pero en la práctica estos elementos se encuentran naturalizados y con ello invisibilizados. Como se suele decir para cumplir la consigna de quedarse en casa había que tener casa. En esto una situación de desventaja urbana la tienen los asentamientos populares.

Más ausente aún está el debate sobre racismo y clasismo que anida en esta falencia sobre la distribución desigual de los recursos urbanos. Esto se cruza con procesos migratorios, siendo estos barrios la puerta de entrada a la ciudad para muchas personas que proviene de otras regiones del interior de las naciones o de países extranjeros, particularmente limítrofes.

Esta situación sanitaria expuso que el lugar donde se habita es un recurso central para afrontar el aislamiento social, pero también para mantener el empleo, estudiar o sentirse en un espacio cómodo para la convivencia familiar. La existencia de redes de servicios públicos o su calidad fue otro de los elementos que marcaron desigualmente al hábitat para afrontar la difusión de esta enfermedad. Los asentamientos no contaban con buenas condiciones, pero las orientaciones de políticas públicas debieron haberlas mejorado desde hace décadas.

En diferentes ciudades las formas organizativas barriales fueron las que atendieron la emergencia en la pandemia Covid 19 por medio de comedores comunitarios, ollas populares, limpieza de los barrios, difusión de las pautas de prevención de transmisión de la enfermedad y también reclamos a los funcionarios estatales para lograr un abordaje en sus territorios. En otros, cuando ni siquiera fue obligatorio el aislamiento, hicieron fundamentalmente prevención.

La expansión del virus exacerbó las desigualdades urbanas y afectó de manera más intensa en los asentamientos populares por las características de su hábitat, pero también por otras desigualdades sociales. En estos barrios la población que trabaja en el ámbito informal es mayor que en el resto de la ciudad y en muchos casos se vio obligada a salir a trabajar cuando las ayudas de los Estados fueron insuficientes o no existieron y, por lo tanto, sufrieron mayor riego de contagio. A su vez, las condiciones de salud de sus habitantes son peores que las de otros sectores sociales. Abundan enfermedades respiratorias por las condiciones ambientales o hacinamiento o las deficiencias constructivas. Pero, también, por fuertes dificultades en el acceso a los servicios de salud o la vacunación o a los medicamentos, así como la prevalencia de enfermedades laborales o vinculadas a la mala alimentación. Por esta razón, muchas personas sufren tuberculosis y otras enfermedades respiratorias. Otros por provenir de medios rurales sufren chagas u otras dolencias. También, tuvieron mayor presencia de dengue o fiebre amarilla u enfermedades de transmisión sexual. Por estar cerca de fuentes de contaminación muchos habitantes tienen plomo en sangre o parásitos. Algunos están instalados sobre basurales, bajo torres de alta tensión, cerca de fábricas contaminantes o tienen cloacas a cielo abierto. Otros, tienen enfermedades no tratadas adecuadamente, tales como diabetes o hipertensión, también vinculadas a la mala alimentación. En ocasiones estuvieron expuestos a pesticidas o fertilizantes en empleos rurales previos o a fuentes de calor o materiales tóxicos en las industrias textil, de calzado, alimenticia, construcción, fundiciones, etc. Todo eso hace que tengan menos condiciones para afrontar la pandemia. En algunos países, la privatización de la salud, hace que no se puedan atender dolencias previas y ni si quiera una adecuada atención frente al COVID 19.

Otra de las cuestiones particulares de la región es la mala calidad de los servicios de transporte. Esto puso en crisis las ciudades en el contexto de pandemia porque lo que caracteriza la forma de viajar de los sectores populares es el amontonamiento en los colectivos, trenes o metros. Los sectores sociales que contaban con automóviles propios estuvieron mucho mejor preparados para afrontar los traslados que los sectores populares que tienen que hacerlo por transporte público. También esto se vio en las dificultades de trasladarse de unas localidades a otras por las restricciones que se plantearon: las nuevas fronteras urbanas para impedir desplazamiento de personas que irradiaran los contagios. En la agenda urbana debería estar poder brindar servicios de calidad, en extensiones acordes a las nuevas expansiones urbanas y a bajo precio. Una de las mayores dificultades a esto es la existencia de grandes ciudades que hacen que haya personas que cotidianamente tenga que dejar 6 horas de su día para ir de su casa al trabajo y volver. Esto es una diferencia de lo que sucedió respecto a la pandemia en los países centrales. Esto fuerza la idea que la localización fue central para encarar la pandemia y no sólo la vivienda.

El tamaño de la vivienda y su calidad también se visibilizó y no sólo para sectores populares sino también para sectores medios que comenzaron a teletrabajar. La tenencia de la vivienda fue otro de los elementos que atravesaron como problema tanto sectores populares como medios, en particular aquellos que habitaban en viviendas en alquiler. La pérdida de empleo implicaba también perder el lugar que se habita por imposibilidad de pago. Hubo muchos desalojos aun cuando muchos países buscaron impedirlo. Los espacios pequeños trajeron problemas y si bien no hay datos certeros se tiene la percepción que aumentó la violencia de género.

La conectividad digital y la posibilidad de solventarla fue una brecha urbana muy relevante, no sólo para trabajar sino también para estudiar o para pedir ayuda.

FD: Desde el ámbito académico o investigativo, ¿Se está haciendo lo suficiente para abordar los conflictos urbanos? ¿cuál es la urgencia de la investigación sobre esto? ¿cómo deberían las universidades preparar a los estudiantes sobre esto?

MMC: Esto depende de qué disciplina estamos hablando y de qué universidad. Las Ciencias Sociales están más preparadas para encarar los conflictos urbanos porque se parte de concebir la sociedad como conflicto, no como patología sino como parte de la dinámica social. No obstante, hay mucho para mejorar y no siempre están preparados para lidiar con las prácticas que se despliegan en la implementación de políticas o programas de ONGs u organizaciones territoriales.

La arquitectura, en cambio, salvo excepciones no prepara profesionales listos para encarar los conflictos urbanos y buscar soluciones. En esto debería incluirse en la currícula materias de urbanismo con enfoque interdisciplinario, que encaren y brinden herramientas para comprenderlos y actuar.

Una de las cuestiones que pueden también contribuir a formar los estudiantes es por medio de las asesorías al Estado u organizaciones territoriales. Otro modo que no debe faltar es la llamada extensión universitaria, que brinda un primer acercamiento de los estudiantes a la realidad social, que muchas veces es muy distinta a lo que se enseña teóricamente. En estas experiencias los estudiantes, inclusive, aprenden más que lo que aportan.

Es fundamental formar profesionales con capacidad crítica y atentos a comprender las necesidades de todos los sectores sociales, con perspectiva de género y étnica.

Por último, es necesario un mejor diálogo entre el mundo académico y los gestores urbanos. En ocasiones hay un divorcio lamentable y necesario que las instituciones académicas realicen aportes realistas a las necesidades gubernamentales y que los gestores estén abiertos a las críticas que se plantean desde el campo académico. Se debería mejorar, entonces, la capacidad de incidencia de las instituciones universitarias en las políticas públicas.