Ambos tienen parte de la razón, lo que en el fondo es lo mismo que decir que los dos están parcialmente equivocados.
El Estado apunta en la dirección correcta al promover políticas de densificación habitacional. Una ciudad más compacta reduce los costos de provisión y mantenimiento de infraestructura y servicios, a la vez que disminuye nuestros tiempos de traslado, favoreciendo con ello la caminata, el uso de la bicicleta y del transporte público. Todo esto ayuda además a reducir las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. Un barrio de densidad media y alta permite que más personas gocen directamente de su equipamiento y áreas verdes, constituyendo el entorno propicio para la instalación de comercio local, lo que a su vez atrae más gente a las calles, que por esto mismo se convierten en entornos más atractivos y seguros. El Estado también anda en buenos pasos al crear normas especiales que otorgan facilidades para la construcción de viviendas de interés social en zonas consolidadas. Al permitir mayores densidades, es posible prorratear entre más unidades el costo del suelo, lo que, al menos en teoría, abarata la construcción de vivienda en una ciudad.
