Según el censo del 2007, el último del que conocemos resultados, cerca del 50% de la población limeña vive en barrios urbano marginales (BUM) [1], los cuales se definen como aquellos núcleos urbanos que presentan niveles de pobreza monetaria, y carecen de servicios de infraestructura y equipamiento (MVCS 2012) [2]. Si bien el gran crecimiento de este tipo de desarrollos se dio entre 1985 y 1995, a la fecha no ha cesado la invasión de tierras del estado, significando, en su conjunto, uno de los principales problemas urbanos y sociales a resolver en nuestras ciudades.    

Hace algunas semanas vimos desplomarse edificios en la ciudad de Morelos en México, producto de un sismo de grado 7,1. Esa desgracia nos hizo recordar que somos igualmente vulnerables ante este tipo de desastres, y por unos días la prensa buscó en el COEN, INDECI y cuanto experto podía encontrar información sobre la posibilidad de un evento similar en nuestro país, y cómo afectaría nuestras urbes. 

Como era de esperar, se puso en evidencia la gran vulnerabilidad de las ciudades de la costa, en especial Lima, y no tanto por la calidad del suelo, sino por el abrumador porcentaje de viviendas construidas sin ningún tipo de intermediación profesional, y por ende carentes de un diseño sismo resistente que aporte seguridad a sus habitantes.

Hace unas semanas se publicó en El Comercio el artículo “No traben el MUNA”, en defensa del Museo Nacional de Arqueología (MUNA), edificio de más de 75 mil metros cuadrados que se está erigiendo en el distrito de Lurín, frente al Santuario de Pachacamac.

Su construcción, explica el artículo, responde a la necesidad de incrementar la infraestructura destinada a la conservación, investigación y exposición del patrimonio arqueológico de nuestro país.  Asimismo, justifica su ubicación en el hecho que el terreno es propiedad del Ministerio de Cultura, y haber buscado otro predio hubiese implicado engorrosos trámites de transferencia interestatal.  Si bien este puede ser un buen sustento político no lo es desde lo técnico, dado que se espera que acudan cerca de un millón de personas al año y el único acceso es por la antigua Panamericana Sur, con solo un carril por sentido. Es evidente que un equipamiento de dicha magnitud va a alterar el desarrollo del distrito donde está emplazado, y generar impactos sobre las zonas arqueológicas y la población local. 

El 18 de enero recordamos un aniversario más de la fundación ibérica de nuestra ciudad, evento oportuno para hacer una pausa y reflexionar sobre su proyección para el año que empezamos, y hacia dos eventos trascendentales, como son los Juegos Panamericanos y el Bicentenario de nuestra Independencia.

En los últimos dos años hemos vivido el enfrentamiento de dos visiones de ciudad: una que ve el futuro desde la mayor eficiencia de los flujos vehiculares particulares, incentivando la urbanización de la periferia como respuesta a la demanda de vivienda, y otra lo mira desde la densificación de la ciudad existente, fortalecimiento del transporte público e incremento de áreas verdes. 

“El derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior de los derechos: el derecho a la libertad, a la individualización en la socialización, al habitat y al habitar” (Lefevre, 1969). Según el Instituto Nacional de Estadística del Perú más del 70% de los peruanos vivimos en ciudades, de allí que gran parte de las propuestas de los candidatos al sillón presidencial estén relacionadas directa o indirectamente con las mismas.

Para poder aproximarnos a su verdadera magnitud, debemos entender las ciudades como espacios multi-sistémicos en los que suceden con gran intensidad intercambios de toda índole, exacerbándose las virtudes y defectos de la sociedad.